Transparencia como incentivo a la búsqueda de soluciones colectivas

Una de las grandes críticas que se ha discutido públicamente en contra de LUMA Energy es su aparente falta de transparencia. Uso la palabra “aparente” porque el propósito de este escrito no es pasar juicio sobre el desempeño de LUMA ni el contrato con el gobierno de Puerto Rico, pero sí reconocer que el tema se discute ampliamente y se presenta como un importante cuestionamiento de interés público.

Parte de lo que se ha reclamado es que existe pobre acceso a información o datos por parte de esta compañía, como también de fidelidad de aquello que sí se reporta. Como es de conocimiento general, nuestro sistema energético, que ha empeorado con el paso del Huracán Fiona y afecta a todas las personas y compañías por igual, representa uno de los mayores obstáculos para nuestro desarrollo socioeconómico. Por lo tanto, la falta de transparencia (sea realidad o percibida) sobre este asunto abona a la desconfianza y al desasosiego.

A pesar de que es uno de los elementos fundamentales de nuestra democracia y que existe principalmente para crear participación y acción por todas las partes interesadas en la gestión de la agencia o la organización, muchos líderes malinterpretan la gran oportunidad que les presenta poder descentralizar la información para cultivar la creatividad y la innovación en beneficio de soluciones colectivas. Lamentablemente, hay líderes que se escudan (consiente o inconscientemente) detrás de la falta de transparencia para “usurpar” poder, para esconder su pobre desempeño o alejar las posibilidades de colaboración de las personas y las comunidades interesadas. 

El acceso a la información y la transparencia (y la fiscalización o rendición de cuentas que va de la mano con esta gestión) son elementos indispensables para avanzar en el fortalecimiento y la confianza en nuestros líderes y en nuestras organizaciones. Además, son factores fundamentales para  la ejecución efectiva de estrategias y el mejoramiento continuo.

Transparencia, en una definición sencilla, es poner a disposición de los “constituyentes” la información de manera permanente, comprensible, completa y oportuna. Por lo tanto, una organización transparente tiene que documentar sus acciones y procesos de toma de decisión y manejar la información a la luz del escrutinio público como parte de una visión más amplia para construir confianza. Más aún, la aspiración es proveer acceso a información clara, precisa, actualizada y confiable. De esta manera, las personas podrán conocer el quehacer de la organización, dar seguimiento puntual a las acciones emprendidas, evaluar las mismas y conocer la evidencia detrás de los procesos de toma de decisión.

Los datos representan un activo y recurso estratégico de inmenso valor que puede fomentar la creación de nuevos servicios, ofrecimientos, experiencias y oportunidades. Se pueden utilizar para descubrir nuevas tendencias o relaciones entre datos que anteriormente no habían sido relacionados. Por lo tanto, la transparencia abre las puertas para esfuerzos colaborativos y multi-sectoriales de gran valor. La transparencia también fomenta un cambio en la cultura organizacional a una enfocada en datos, métricas o indicadores. Este enfoque apoyaría una transformación hacia procesos de toma de decisiones proactivos y reduce la arbitrariedad. A su vez, esto permite reevaluar y ajustar la ejecución de estrategias, iniciativas y proyectos para asegurar que se logren los resultados esperados. 

El Gobierno de Puerto Rico aprobó la Ley 122 del 2019, Datos Abiertos del Gobierno de PR (Open Data), que enfatiza la transparencia mediante la publicación de datos puestos a disposición pública en formatos digitales con las características técnicas necesarias para su libre acceso y reutilización por todas las personas en cualquier momento que puedan tener que investigar y procesar esa información. Además, la Ley 122 establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico que:

“el manejo efectivo de datos gubernamentales es esencial para apoyar los procesos de innovación de todos los sectores en Puerto Rico, el facilitar una cultura de mejoramiento continuo y de rendición de cuentas en el organismo gubernamental, el desarrollo y crecimiento económico sostenible, y el generar resultados tangibles, de valor y de impacto a nuestros ciudadanos.”

La Ley de Datos Abiertos aplica a todo organismo gubernamental, incluyendo la Universidad de Puerto Rico (UPR). De hecho, le dediqué un capítulo completo a este tema en mi propuesta como aspirante a la presidencia de la UPR y pienso que los objetivos que propuse aplican igualmente a otras organizaciones. Éstas son:

  1. Promover la visibilidad y acceso a la información mediante tableros de datos institucionales que estarán en línea y que cumplan con los requisitos de datos abiertos. 

  2. Promover una cultura enfocada en datos en todos los sectores de la organización, que incluye el promover el conocimiento, destrezas, tendencias y herramientas para el manejo efectivo de datos.  

  3. Incorporar el uso de herramientas, plataformas y tecnologías modernas para el almacenaje, acceso, manejo, presentación y análisis de conjuntos de datos. 

  4. Promover la integración y contribución de los empleados y de la sociedad en general con los conjuntos de datos, tableros y herramientas disponibles como insumo a los procesos de innovación y mejoramiento continuo.

  5. Proveer acceso a los contratos vigentes, subastas, acuerdos colaborativos, datos financieros y de personal y sus salarios, entre otros, respetando la identidad y privacidad de las personas, a través de un portal en línea.

  6. Revisar y actualizar las páginas web y de las diversas unidades para que tengan la información actualizada, necesaria y relevante a la sociedad tomando en cuenta la diversidad de las poblaciones que podrían consumir la misma.

Es importante que continuemos abogando por mejores prácticas de transparencia en nuestro gobierno, como en compañías que proveen servicios indispensables a la sociedad. Este reclamo bien intencionado tiene igualmente el potencial de fortalecer el mismo gobierno como a las corporaciones que cumplen con estos estándares, reduciendo así posibles actos de corrupción. En un mundo donde cada vez los retos son más complejos la participación amplia de personas y la descentralización del conocimiento es un catalizador de nuevas oportunidades.

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